lunes, 16 de febrero de 2009

Derechos Humanos en México

A pesar de la alternancia en el poder, la apertura ante el mundo y la creación del Estado de mexicano de una institución (ombudsmand) que contaría con un sistema respetuoso de los derechos humanos, esto no ocurre porque sólo son castigados mínimamente los delitos en términos estrictamente policiacos y no políticos, menos, sociales, económicos, requeridos por la simulada democracia en nuestro país.
Mientras la corrupción y la impunidad son tolerados como un estilo de vida por el propio Estado de Mexicano; ambos componentes esenciales en el contexto y la dinámica de la cultura de violación de los derechos humanos indican su fracaso en todos los niveles de gobierno.
A pesar de los mínimos esfuerzos que llegan a realizar los partidos políticos para satisfacer las expectativas de los electores, en materia de democracia, los derechos humanos y civiles se encuentran sin atención y desencantados para lograr una verdadera justicia social.
En nuestro país se violan flagrantemente los derechos humanos cuando el propio Estado concibe, diseña e instrumenta políticas que perpetúan la pobreza extrema y la miseria de más de 40 millones de mexicanos. Las experiencias históricas nos muestran que los gobiernos anteriores a la actual han sido proclives a un comportamiento violatorio, conculcador de las facultades y potestades de los habitantes del país.
El analista político Fausto Fernández Ponte sostiene “esa proclividad ha sido una variable de los derechos humanos se emblematiza en los fenómenos sociológicos y culturales; la corrupción y la impunidad secuencial”.
Ambos fenómenos tiene una relación simbólica de causa y efecto, donde la corrupción causa la impunidad; ésta, a su vez, también es móvil de aquella. Así mismo, la impunidad es una bien en un tráfico ilícito no sólo en la moral, sino también en lo jurídico al violar las leyes.
Muchos de los funcionarios públicos del Estado Mexicano que violan los derechos humanos gozan de impunidad, civiles y militares en su mayoría, con una instrumentada política de violación sistematizada al través de arrestos extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y la conculación extrema que es el asesinato.
De tal manera, y pese a la existencia de una Comisión de Derechos Humanos en el país y estructurada en 32 ombudsman estatales, esto no ha servido para lograr la justicia y castigar la impunidad que se extiende a todos aquellos que incurren en alguna forma de comportamiento antisocial y por lo cual no reciben punición alguna conforme a las leyes vigentes.
Con base en las encuestas del Consejo Coordinador Empresarial entre la clase media del Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey y Estado de México, las ciudades más pobladas del país, el 65 por ciento asegura que los cambios de los últimos tiempos en México son negativos, y se muestra enorme desconfianza hacia los actores políticos más relevantes.
Así, el 94 por ciento de los crímenes no son perseguidos, el sistema de procuración e impartición de justicia esta degradándose por la corrupción y la ineficacia, en tanto que la inseguridad y el terror de la violencia se incrementan cada día en nuestro país.

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