“Negocian” con el MP para no ser consignados a un reclusorio
Desesperados y nerviosos se encuentran el edil de Amecameca, Juan Manuel Guerrero Gutiérrez (a) La Rosa Salvaje y la directora de fianzas, María del Pilar Estrada Mendoza apodada La Vaca Pinta, porque existen delitos jurídicos que los pueden llevar a la cárcel. Sin embargo, pretenden negociar con dinero del pueblo para que el Ministerio Público “amañe” a su favor los delitos que se les imputa para evitar ser consignados.
De acuerdo con la denuncia penal 235/08 radicada en la Ciudad de Toluca, el edil Guerrero Martínez y la directora de finanzas locales, Estrada Mendoza, se comportan como auténticos malandrines contra la población, sin importarles cometer const+La+Rosa+Salvaje.JPG)
antemente abusos de poder como la extorsión y el robo de mercancías a comerciantes humildes, por el hecho de no coincidir con su modo corrupto de pensar.
De tal forma, varios quejosos dijeron que “no darán marcha atrás a las denuncias contra la pareja infernal que gobierna con el logotipo del PRD a la ciudadanía de Amecameca, porque es necesario que nadie actúe por encima del la Ley, se trata de quien se trate”.
Además, precisaron que “la soberbia y la falta de sensibilidad de corruptos personajes, exhiben su enfermedad de poder y buscan la manera de sangrar de sus raquítica economía al pueblo, con medidas arbitrarias de gobierno hasta convertir al Ayuntamiento en negocio particular”.
Así mismo, inconformes con la forma nefasta de gobernar de Guerrero Gutiérrez (a) La Rosa Salvaje y su compinche, Estrada Mendoza mejor conocida como La Vaca Pinta, precisaron que “no permitirán que las denuncias penales en su contra se les de carpetazo, ya sea con el soborno a los encargados de aplicar la ley o bien con las recomendaciones políticas del gobierno del Estado de México, para que gocen de impunidad a sus actos vandálicos”.
En este sentido, los quejosos expresaron “los infractores de la ley se preocupan más por sus condiciones jurídicas que atender las demandas sociales, actitud que provoca que los habitantes padezcan un retroceso social sin oportunidades de progreso, lo cual afectan no sólo su manera de vivir sino que su economía se deteriora conforme avanza la presente administración local”.
Desesperados y nerviosos se encuentran el edil de Amecameca, Juan Manuel Guerrero Gutiérrez (a) La Rosa Salvaje y la directora de fianzas, María del Pilar Estrada Mendoza apodada La Vaca Pinta, porque existen delitos jurídicos que los pueden llevar a la cárcel. Sin embargo, pretenden negociar con dinero del pueblo para que el Ministerio Público “amañe” a su favor los delitos que se les imputa para evitar ser consignados.
De acuerdo con la denuncia penal 235/08 radicada en la Ciudad de Toluca, el edil Guerrero Martínez y la directora de finanzas locales, Estrada Mendoza, se comportan como auténticos malandrines contra la población, sin importarles cometer const
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antemente abusos de poder como la extorsión y el robo de mercancías a comerciantes humildes, por el hecho de no coincidir con su modo corrupto de pensar.De tal forma, varios quejosos dijeron que “no darán marcha atrás a las denuncias contra la pareja infernal que gobierna con el logotipo del PRD a la ciudadanía de Amecameca, porque es necesario que nadie actúe por encima del la Ley, se trata de quien se trate”.
Además, precisaron que “la soberbia y la falta de sensibilidad de corruptos personajes, exhiben su enfermedad de poder y buscan la manera de sangrar de sus raquítica economía al pueblo, con medidas arbitrarias de gobierno hasta convertir al Ayuntamiento en negocio particular”.
Así mismo, inconformes con la forma nefasta de gobernar de Guerrero Gutiérrez (a) La Rosa Salvaje y su compinche, Estrada Mendoza mejor conocida como La Vaca Pinta, precisaron que “no permitirán que las denuncias penales en su contra se les de carpetazo, ya sea con el soborno a los encargados de aplicar la ley o bien con las recomendaciones políticas del gobierno del Estado de México, para que gocen de impunidad a sus actos vandálicos”.
En este sentido, los quejosos expresaron “los infractores de la ley se preocupan más por sus condiciones jurídicas que atender las demandas sociales, actitud que provoca que los habitantes padezcan un retroceso social sin oportunidades de progreso, lo cual afectan no sólo su manera de vivir sino que su economía se deteriora conforme avanza la presente administración local”.
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