Caverna de “LADRONES” y secuestradores
Sostienen estrecho contubernio los impartidotes de la justicia con el hampa organizada, hasta convertir la ley en “botín de guerra”
Por: José Luis Sánchez
La nueva política corrupta que ha implementado el Procurador General de Justicia del Estado de México, Alberto Bazbaz Sacal, denigra aún más la imagen de la institución encargada de la administración e impartición de la justicia, en contubernio con los criminales de alta peligrosidad permiten que éstos gocen de protección y de impunidad a sus delitos. Mientras las víctimas que solicitan la intervención de los representantes sociales tienen que pagar una cuota para hacer valer sus derechos constitucionales.
Lo anterior lo dieron a conocer a este medio de comunicación diversos organismos no Gubernamentales en la Defensa de los Derechos Humanos, quienes aseguraron que la corrupción que impera en las Subprocuradurías de Justicia, Ministerios Públicos y en las distintas direcciones de la Policía Judicial, provoca que el 90 por ciento de los delitos cometido queden sin sustento legal y que los encargados de la aplicación de la justicia sena los principales infractores de los Derechos Humanos al través de cobrar diversos favores económicos no sólo para corromper la ley sino brindar protección al crimen organizado.
Los quejosos precisaron que “los titulares de los ministerios públicos, secretarios y policías judiciales son unos lastres sociales y de la justicia, prefieren mantener una estrecha vinculación y complicidad con integrantes del crimen organizado, al grado de poner al servicio de los hampones la ley del Estado de México tras marcar deficiencias en la integración de las averiguaciones previas, para que los criminales libren de manera fácil el delito por el cual se les imputa”.
Los inconformes dijeron que “el Procurador de Justicia en la entidad mexiquense, Bazbaz Sacal tiene documentos donde se le explica detalladamente la corrupción que se da en los centros de justicia y su flagrante contubernio económico de los titulares con el crimen organizado, hasta convertir en cueva de ladrones a la procuraduría del Estado de México”.
En los documentos en poder de LA CORNEADA, se explica que “ante los diversos delitos tan evidentes y comprobados de los hampones de alta peligrosidad, los encargados de aplicar la justicia no asientan en las averiguaciones las actuaciones debidamente para fincar responsabilidad penal contra los presuntos responsables del hecho delictuosos, a cambio de los favores reciben miles de pesos”.
Las quejas más comunes en la violación de los Derechos Humanos son: el secuestro en sus distintas modalidades, el tráfico de tierras, robo de vehículos, la prostitución y el vicio, fabricación de delitos, asaltos y robo, tortura psicológica y física a los detenidos, contrabando y protección al narcotráfico, donde la mayoría de los involucrados tienen nexos con los encargados de la impartición de la justicia, es decir que son los padrinos del crimen organizado.
Los Centros de Justicia que corrompen la imagen de la PGJ señaladas por los Organismos No Gubernamentales de Derechos Humanos en el Valle de México están; Amecameca, Chalco, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Los Reyes La Paz, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Texcoco, Ecatepec y Tlanepantla. Además, la corrupción que impera en esos centros de justicia, exhiben al Procurador Bazbaz Sacal de no tener capacidad para emprender programa maestro sobre seguridad pública, procuración y administración de justicia con readaptación social en la entidad.
Sostienen estrecho contubernio los impartidotes de la justicia con el hampa organizada, hasta convertir la ley en “botín de guerra”
Por: José Luis Sánchez
La nueva política corrupta que ha implementado el Procurador General de Justicia del Estado de México, Alberto Bazbaz Sacal, denigra aún más la imagen de la institución encargada de la administración e impartición de la justicia, en contubernio con los criminales de alta peligrosidad permiten que éstos gocen de protección y de impunidad a sus delitos. Mientras las víctimas que solicitan la intervención de los representantes sociales tienen que pagar una cuota para hacer valer sus derechos constitucionales.
Lo anterior lo dieron a conocer a este medio de comunicación diversos organismos no Gubernamentales en la Defensa de los Derechos Humanos, quienes aseguraron que la corrupción que impera en las Subprocuradurías de Justicia, Ministerios Públicos y en las distintas direcciones de la Policía Judicial, provoca que el 90 por ciento de los delitos cometido queden sin sustento legal y que los encargados de la aplicación de la justicia sena los principales infractores de los Derechos Humanos al través de cobrar diversos favores económicos no sólo para corromper la ley sino brindar protección al crimen organizado.
Los quejosos precisaron que “los titulares de los ministerios públicos, secretarios y policías judiciales son unos lastres sociales y de la justicia, prefieren mantener una estrecha vinculación y complicidad con integrantes del crimen organizado, al grado de poner al servicio de los hampones la ley del Estado de México tras marcar deficiencias en la integración de las averiguaciones previas, para que los criminales libren de manera fácil el delito por el cual se les imputa”.
Los inconformes dijeron que “el Procurador de Justicia en la entidad mexiquense, Bazbaz Sacal tiene documentos donde se le explica detalladamente la corrupción que se da en los centros de justicia y su flagrante contubernio económico de los titulares con el crimen organizado, hasta convertir en cueva de ladrones a la procuraduría del Estado de México”.
En los documentos en poder de LA CORNEADA, se explica que “ante los diversos delitos tan evidentes y comprobados de los hampones de alta peligrosidad, los encargados de aplicar la justicia no asientan en las averiguaciones las actuaciones debidamente para fincar responsabilidad penal contra los presuntos responsables del hecho delictuosos, a cambio de los favores reciben miles de pesos”.
Las quejas más comunes en la violación de los Derechos Humanos son: el secuestro en sus distintas modalidades, el tráfico de tierras, robo de vehículos, la prostitución y el vicio, fabricación de delitos, asaltos y robo, tortura psicológica y física a los detenidos, contrabando y protección al narcotráfico, donde la mayoría de los involucrados tienen nexos con los encargados de la impartición de la justicia, es decir que son los padrinos del crimen organizado.
Los Centros de Justicia que corrompen la imagen de la PGJ señaladas por los Organismos No Gubernamentales de Derechos Humanos en el Valle de México están; Amecameca, Chalco, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Los Reyes La Paz, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Texcoco, Ecatepec y Tlanepantla. Además, la corrupción que impera en esos centros de justicia, exhiben al Procurador Bazbaz Sacal de no tener capacidad para emprender programa maestro sobre seguridad pública, procuración y administración de justicia con readaptación social en la entidad.
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